El director de Zonas Francas de la provincia de Buenos Aires repasó los beneficios fiscales que contempla este régimen para el comercio exterior.
Las empresas líderes hace rato sacaron ciudadanía mundial, deslocalizaron los factores de producción de sus cómodas geografías de origen y crearon las cadenas globales de valor. Las industrias de la economía real copiaron a sus hermanos de la economía financiera, especialistas en la búsqueda de los lugares que menos graven sus tenencias (o que más renta les generen) y descubrieron plazas que entronizan la competitividad y la productividad. Pero hay países que no pueden naturalmente ofrecer estas ventajas. Por eso trascienden herramientas de política económica que traen fertilidad a páramos como la Argentina. En comercio exterior, esa herramienta por excelencia es la zona franca.
“Las empresas allí radicadas tienen beneficios impositivos en su operatoria de comercio exterior, el más claro es la dilación del pago de tributos a la importación, IVA y Ganancias, que sólo se abonan cuando la mercadería se nacionaliza, y esto sucede cuando el importador lo decide porque, a diferencia de un depósito fiscal, los depósitos en zona franca no tienen un límite de tiempo para permanecer allí”, explicó en diálogo con TRADE Juan Carlos Chalde, director de Zonas Francas de la provincia de Buenos Aires.
-¿Qué otros beneficios tiene?
-El régimen, regulado por la ley 24.331, establece que los servicios que se prestan dentro del área están exentos de impuestos nacionales, por lo que la energía, el gas, el teléfono, entre otros, son más baratos.
-¿Por qué la actividad no refleja estas ventajas?
-Porque el objetivo de la ley era promover las exportaciones, y exige una condición que restringe mucho la actividad, como es el hecho de que todo proceso instalado destine el 100% de su producción a la exportación. Es muy riesgoso para cualquier industria depender de un único mercado, porque no puede manejar los vaivenes del mercado exterior y no tiene contemplada la posibilidad de una salida transitoria en el mercado interno. Por eso buscamos modificar este punto, modificando la ley.
-Eso generaría quejas de competencia desleal…
-Lo que hay que dejar en claro es que esta es una herramienta que complementa a la industria en el territorio, no que compite. Cualquier empresa puede radicarse, aunque la legislación promoverá sobre todo a aquellos sectores que no son competitivos a nivel nacional sin estos beneficios. Buscará entonces la radicación de empresas que elaboren productos, agreguen valor y generen mano de obra.
-¿Y el costo laboral? ¿Buscan cambiarlo también?
-El nuevo proyecto de ley prevé beneficios en cuanto a contribuciones patronales que, no obstante, deben ser compensadas por la provincia sede de la zona franca para que no se desfinancie el sistema de jubilaciones y obras sociales.
-¿Estos estímulos traerán costos para el Estado?
-Debería producir en realidad un beneficio para el Estado porque por cada peso que deja de percibir por los beneficios otorgados los recupera multiplicado por el beneficio del crecimiento de la actividad que va a significar en exportaciones un mayor ingreso de divisas y, en el caso de la producción, más empleo por la mayor actividad. Si logramos el cambio de legislación, y las empresas empiezan a fabricar en zona franca, pagarán luego los derechos al ingresar los productos al territorio nacional. Los beneficios los va a tener por menores costos de producción. Por ejemplo, la importación que queda radicada dentro de la zona franca nunca paga impuestos de nacionalización, pero nunca puede salir de ahí. Hay mucha maquinaria y tecnología para incorporar, que mejoraría la competitividad de la producción nacional.